El déficit fiscal se produce cuando el Estado gasta más de lo que ingresa. Al igual que la economía de una familia, la de los Estados no pueden soportar durante mucho tiempo esta situación. Si se produce en algún momento, la solución coyuntural es la de acudir al crédito para cubrir ese déficit... Pero a medio y largo plazo estas situaciones son insostenibles, tanto para una familia cono para el Estado. La solución viene entonces por equilibrar las cuentas.
¿Cómo se equilibran las cuentas del Estado? Hay tres formas de realizarlo:
1) Mayores ingresos. Como los ingresos del Estado provienen de los impuestos, significa incrementarlos, subir la tributación. Cuando se hace esto se incurre en un problema añadido que podría suponer la no consecución del objetivo. Está constatado que un incremento de impuestos supone un detraimiento de los ingresos, al menos en el corto plazo. Si lo que se suben son los llamados impuestos indirectos, es decir, aquellos que se pagan por consumir, como el Iva, lo que pasa es que se resiente el consumo. El mayor coste implica un menor consumo y es posible que este menor consumo pueda tener efectos perniciosos sobre el total de ingresos.
Si lo que se pretende es subir los impuestos directos, es decir, los que recaen directamente sobre los ingresos de los contribuyentes, suele ocurrir que, aquellos que pueden, desvían hacia situaciones no tan gravosas sus ingresos a tributar y, los que no pueden, pagan más y acaban reduciendo su consumo normal, ya que poseen menos cantidad de dinero para poder gastar. Es decir, este sistema no es tan general como parece y su efectividad, y más en un mundo tan globalizado como el actual, no parece el más eficaz...
2) Menores gastos. El Estado puede dejar de gastar. Su gasto tiene dos vertientes fundamentales, lo que se llama gasto corriente (nóminas de funcionarios, alquileres…) y gasto en inversiones. Evidentemente el más fácil es bajar el gasto en inversiones, con lo que se perjudica directamente a la economía productiva y a largo plazo al propio país. Reducir el gasto corriente se convierte en una odisea ya que supone bajar coste por empleado, es decir, reducir funcionarios o contratados y/o reducir toda la parafernalia de los políticos (coches, viajes, comidas, chóferes...) y casualmente el que hace el presupuesto, el político, no es muy dado a reducirse a si mismo su propia parafernalia.
Y 3) Ajustando el sistema con el fin de que este sea capaz de ingresar más sin mayores impuestos. Supongamos un sistema que posee una tasa impositiva del 10% y que genera 500 de ingresos totales, por lo que el Estado obtendría 50 de ingresos propios vía impuestos. Si ese sistema fuese capaz de generar 800 con una tasa del 10%, el ingreso del Estado se situaría en 80. Y, ¿Cómo se hace esto? Mediante lo que se denominan Reformas Estructurales. Las reformas estructurales van todas encaminadas a liberalizar de la opresión del Estado al sistema. Cuando el Estado interviene en algo lo que hace es proporcionarle rigideces. Un ejemplo claro es el mercado de trabajo en España. Para contratar, despedir, poner sueldos, poner horarios, poner vacaciones… entre empresarios y empleados hace falta la intervención del Estado protector. Esto genera unas rigideces que hacen imposible flexibilizar las negociaciones.
En Economía denominamos productividad a la relación que existe entre el ingreso y el gasto. Se denominaría productividad laboral o de la mano de obra al cociente entre las ventas de la empresa y el coste de la mano de obra. Si las ventas disminuyen, la única opción del empresario es disminuir sus costes. Es evidente que el empresario no quiere despedir porque el trabajador es un activo de la compañía, pero el intervencionismo estatal no le permite otra cosa que el despido. Por eso en España los ajustes de productividad se traducen en despidos. Cuando se oye que la productividad está bajando, al poco tiempo se oirá que el paro está subiendo.
Además eliminando rigideces se eliminan costes inducidos. Veamos un ejemplo de un coste inducido. Supongamos ahora una empresa inmobiliaria que compra un solar para hacer un edificio y realiza un proyecto de construcción. Todo ello le conlleva un coste de 100 millones de euros. Ahora pide licencia de obras. Un acto administrativo que supone una intervención sobre el mercado. La concesión de una licencia de obras puede tardar entre cinco y nueve meses, dependiendo de los Ayuntamientos y, esto si no hay problemas. Si el tipo de interés del mercado es del 3%, mantener 100 millones de euros durante 5 meses supone 1,25 millones de euros de coste inducido. El empresario “perdió” ese dinero ya que podría tenerlo si hubiese invertido en otro activo que no tuviese intervención administrativa que demorara los plazos de consecución.
Las rigideces que tiene nuestro actual sistema son grandes y muchas. Recordemos que nuestro sistema proviene de una época de totalitarismo y de proteccionismo estatal y nuestra democracia no ha sido capaz de eliminar muchas de las rigideces aprendidas durante esa época. Tenemos rigideces en todos los mercados que están sometidos al intervencionismo administrativo: el mercado laboral (no existe libertad entre trabajador y empresario para llegar a acuerdos entre ambos), el mercado del suelo (la administración es la que decide, bajo sus criterios, que suelos son urbanos y cuáles no y como se consigue el pasar de un estado a otro), el comercio (es la administración la que decide que empresa se puede poner o no en una zona), los horarios de apertura (está regulado por la administración cuando se puede trabajar y cuanto tiempo), etc.
En un mundo globalizado donde no existen reformas estructurales y estas crean costes inducidos la competencia no es posible. Una empresa en España tiene más costes que otra en otro país, por ejemplo Polonia, por lo que la competencia entre ambas se realizará a favor de la que con menos coste es capaz de producir y colocar en el mercado.
Actualmente se está hablando que Estados Unidos ha empezado a salir de la crisis y el resto del mundo le está costando hacerlo. Una de las razones fundamentales es que el mercado de Estados Unidos es el menos intervenido del mundo. Es un mercado muy ágil en todos los sentidos y capaz de adaptarse rápidamente a las circunstancias del ambiente económico. El resto de los países debido a la intervención estatal es mucho más lento y cuanto más intervención exista, más lento es.
Con respecto a esto último, el mercado laboral español y lo que lleva aparejado, la seguridad social, por ejemplo, es uno de los más intervenidos y más caros del mundo occidental. ¿Cuál es la consecuencia? Que las adaptaciones se hacen con mayor coste de desempleo y la recuperación de este desempleo solo se puede hacer con crecimientos que rondan el 3% del PIB, ¡una autentica aberración del sistema! Con un elemento que empeora aun más todo: la existencia de mucho paro implica la necesidad de financiar a las personas que están en él y ello implica desviar financiación de otros temas que producen crecimiento económico o, la otra vía, incrementar los impuestos para conseguir ese incremento de financiación necesaria, lo que redunda nuevamente en el deterioro de la economía y en la dificultad del crecimiento, lo que, a su vez, implica mas paro. Nos encontramos pues en una pescadilla que se come la cola.
Además, y a costa de ser políticamente incorrecto, el paro mal administrado, crea incentivos hacia el no trabajar cuando lo que debería de ser algo temporal, se convierte en definitivo. Un ejemplo claro está en Andalucía. En esta región española el paro estructural ronda el 13% (en Economía entendemos que el paro estructural debería ser, y de hecho lo es en la mayoría de los países, del 4%) de la población activa. En los momentos actuales (finales de 2.009) el paro puede estar alrededor del 25% de la población activa y podrá llegar durante el 2.010 al 30% de la población activa. Esto supone la mayor de las sangrías de una economía y la pérdida de uno de los activos mayores: las personas.







